(Jueves 1 de octubre) Lilia Chica
Javier Osuna Sarmiento, egresado de comunicación social de la Universidad de La Sabana y quien actualmente trabaja en un portal de la revista SEMANA, verdadabierta.com, se dedicó a explicarnos, durante la conferencia La verdad de los Paras: ¿Insuficiente o compleja?, sobre todo el complejo tema de la Ley de Justicia y Paz y el conflicto armado en Colombia.

En ánimos de contextualizar, los grupos ilegales alzados en armas comienzan a aparecer en la década de los ochenta con líderes conocidos como ‘Jorge 40’, los Castaño, entre otros. Y el proceso de Justicia y Paz comienza alrededor del 2002 como la Ley 782 donde no sólo cobija a grupos paramilitares si no también a las FARC y al ELN. Los paramilitares se desmovilizan en 1991. Sin embargo, estos empiezan a ser atacados por las FARC y el ELN quienes no se habían sometido al proceso de Justicia y Paz. Esto causó que se armaran otra vez.
Existen varios conceptos claves en lo que concierne a la actual Ley 975 del Artículo 5 del 2005, es decir, a la Ley de Justicia y Paz, la cual ha sido transformada varias veces por errores. Según esta Ley, víctima es toda persona que haya padecido daño de manera individual o colectiva entendido como tal, lesiones físicas o mentales. Este es un primer error pues víctima es también aquel que haya tratado de ayudar a la persona en el momento violento, los familiares de la víctima y cualquier persona que rodee a esta última pues ellos también sufren daños morales y físicos. Las víctimas tienen casi 10 derechos dentro del Proceso, tales como acceder a la Justicia para conocer la verdad del hecho, denunciar bienes no entregados por los postulados, promover el incidente de reparación integral de sus perjuicios, recibir de la Defensoría del Pueblo asistencia para el ejercicio de sus derechos, entre otros. El problema es, entonces, que estos derechos casi nunca se cumplen pues los desmovilizados muchas veces no entregan todos los bienes que pueden ser fincas, carros, casas, etc., o no confiesan todos sus delitos, etc. La Fiscalía en estos casos es la encargada de verificar que el desmovilizado esté en la lista del bloque y que la víctima haya sido victimizada realmente, pues muchas veces hay personas que se quieren aprovechar del Proceso. La Fiscalía debe también encargarse de rastrear la verdad sobre los hechos.
Por otra parte, existen dos tipos de desmovilizaciones; la colectiva, que ocurre cuando un grupo de paramilitares entrega las armas y su jefe da una lista de todos los miembros de este grupo, y la individual, cuando una persona se entrega a la justicia.
También existe la versión libre, el cual es el proceso de aceptación y confesión de delitos por el victimario. Es algo complejo, pues mientras se da esto la víctima y el victimario no pueden estar en el mismo recinto, y además de esto, el victimario confiesa hasta donde se acuerde.
Está a su vez la Pena Alternativa la cual rebaja la condena de cárcel entre 5 a 8 años a todo aquel desmovilizado que se someta fielmente al Proceso de Justicia y Paz.
Sin embargo, son pocas las víctimas que han sido realmente reparadas por el Proceso pues en temas económicos no hay un fondo que las cobije. Se han desmovilizado 30.000 personas. 3000 de estos se han sometido a Justicia y Paz. Es decir, no se sabe qué ocurrió con los 27.000 desmovilizados restantes que quizás se dediquen a la delincuencia común. Actualmente existen 652 versiones libres en curso, y se han llevado a cabo 1225 de estas donde se confiesan casi 200 delitos en cada una. Son cifras bastante altas, pero que quedan en el aire por la falta de contundencia en el proceso.
El Proceso de Justicia y Paz es un tema que no debería importarle sólo a las víctimas del Conflicto Armado en Colombia. Es un tema que nos debe interesar a todos en el sentido de que es una buena iniciativa en tanto que se le da una oportunidad al desmovilizado de pedirle perdón al país, a la víctima y a la justicia colombiana. Puede que el daño moral sea irreparable para la víctima, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos donde dinero o fincas no son suficientes para acabar con el dolor, pero por lo menos el victimario reconoce el daño que hizo y su a vez es castigado por ello. También es beneficioso porque poco a poco los paramilitares dejarán las armas que es, al fin y al cabo, otro de los objetivos del Proceso.